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Tesis
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El espectro de la violencia
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Lo que más temían
los buenos ciudadanos romanos era que un día los esclavos
del imperio se alzaran en rebelión, de ahí la severidad
brutal con la que reprimieron las manifestaciones esporádicas
de descontento. En América latina, los herederos lejanos
de aquellos patricios nunca han podido librarse por completo del
miedo a un "estallido social" o, como dicen con lirismo
desubicado algunos, una "eclosión social". Conscientes
de que según las pautas solidarias que ellos mismos reivindican
con unción sus propias sociedades son monumentos a la injusticia,
suponen que tarde o temprano los de abajo se abalanzarán
sobre los privilegiados. Aunque ni siquiera los estragos causados
por la hiperinflación o el despojo que sufrieron millones
a comienzos del 2001 fueron suficiente como para desatar la insurrección
anárquica tan temida, la sensación difundida de que
la paz social pende de un hilo sigue incidiendo de manera decisiva
en la conducta de todos, en especial en la del gobierno del presidente
Néstor Kirchner.
Aleccionado por el impacto político de los enfrentamientos
mortíferos que se produjeron en los días finales de
la gestión de Fernando de la Rúa y, después,
cuando Eduardo Duhalde ocupaba la Casa Rosada, Kirchner está
dispuesto a ir a casi cualquier extremo para evitar que haya muertes
que con toda seguridad le serían imputadas. Es por eso que
los hay que insinúan que por razones no muy claras el gobierno
eligió hacer del país una inmensa zona liberada en
la que militantes "sociales" pueden hacer cuanto se les
ocurre sin tener que inquietarse por la ley porque la policía
se limitará a protegerlos. Habrán exagerado quienes
suponen que al gobierno no le interesa la legalidad, pero esto no
quiere decir que no haya buenos motivos para preocuparse.
Si bien la pasividad frente a los grupos militantes ha tenido los
resultados deseados -el que hasta ahora el asesinato por revoltosos
del joven suboficial policía Jorge Sayago haya sido la única
"muerte social" de su gestión muestra a las claras
que por lo menos en términos políticos la Argentina
es un país muy pero muy pacífico- cuando la tolerancia
oficial significa dejar que minorías prepotentes pisoteen
los derechos ajenos con impunidad, no puede sino intensificarse
el enojo de quienes sospechan que por motivos ideológicos
el gobierno ha optado por congraciarse con los grupos que hablan
el lenguaje de la izquierda extrema, que la pasividad que lo caracteriza
no se debe sólo a la conciencia de que una chispa podría
provocar una conflagración sino también a la voluntad
de recordarle a la gente que la alternativa tradicional de "yo
o el caos" dista de haber perdido vigencia y que, de todos
modos, la culpa de las lacras sociales es de los odiosos "neoliberales"
de los años noventa.
Últimamente, los asustados
por el espectro de la anarquía creciente han tenido muchas
razones para sentirse en vísperas de una etapa violenta.
El regreso de los piqueteros que, encapuchados y armados con garrotes
a pesar de que la ley lo prohibe, durante más de cinco horas
hicieron un pandemónium del tránsito en las calles
de la Capital se concretó cuando los ánimos aún
estaban agitados por las consecuencias similares de un paro salvaje
protagonizado por un puñado de trabajadores del subte que
fueron respaldados por izquierdistas que son auténticos especialistas
en provocar trastornos. El accionar de una banda de estudiantes
de mentalidad parecida resueltos a impedir la elección como
rector de la elefantina Universidad de Buenos Aires del decano de
la Facultad de Derecho, Atilio Alterini, que según todos
los cálculos tenía asegurados los votos suficientes,
pareció confirmar la impresión de que hasta en lo
que en teoría es un lugar iluminado por el intelecto la violencia
siempre se impondrá a la razón. Incluso algunos crímenes
bestiales perpetrados por adolescentes de clase media han servido
para hacer temer que, una vez más, el país está
deslizándose por una pendiente que lo llevará a un
futuro signado por conflictos hobbesianos.
El nerviosismo que tales episodios causaron ha coincidido con más
activismo en el frente laboral. Para muchos, aquel incremento salarial
del 19 por ciento que fue logrado por los camioneros de Hugo Moyano
e hijo equivalió a un premio a la intimidación sistemática,
de suerte que la mejor manera de conseguir uno igual o mayor consistirá
en amenazar a los demás con paros "activos" que
servirían para privarlos de lo que necesitan.
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